La delincuencia tiene un costo directo e indirecto en la población. En 2009, en México fue cercano a los 60 millones de euros, que equivale al 8 por ciento del Producto Interno Bruto; ¿pero a cuánto ascendió para los habitantes de la delegación Benito Juárez?
El Universal Del Valle entrevistó al especialista en seguridad pública Carlos Mendoza, quien, a partir de documentación oficial, los resultados de las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad del ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios sobre inseguridad) y de una investigación minuciosa del costo generado en diferentes sectores de la sociedad, logró hacer un cálculo del gasto y pérdidas que la criminalidad genera en las personas.
Pérdidas monetarias en Benito Juárez
"Para esta investigación, el cuestionario se dividió en tres componentes básicos: cuánto gastan las personas para protegerse (enrejar sus casas, instalación de cámaras y contratar personal de seguridad); aquellas que fueron víctimas, el monto de lo robado, (así como) el gasto para recuperarse del incidente (gastos médicos en términos de salud física o psicológica)", explicó Mendoza.
Para entender este ejercicio, explica el especialista, es importante entender la aridez de información que existe no sólo en gobiernos estatales sino también en las delegaciones, además que no se tiene todo el universo delictivo pues hay víctimas que no denuncian.
En todo el Distrito Federal, diariamente se cometen en promedio 21 delitos, mientras en la delegación Benito Juárez la cifra es de 38 por día, lo que representa el 80 por ciento de la tasa delictiva, superior a la media de la ciudad.
De acuerdo con los estudios revisados por Carlos Mendoza, los gastos para los juarenses en materia de seguridad son los siguientes:
- Para protegerse, los habitantes de la Benito Juárez pagan 5 mil 196 pesos anuales
- Como consecuencia de delitos, pierden 16 mil 70 pesos por año
- Gastan en salud a raíz de la delincuencia 5 mil 633 pesos anuales
El paralelismo delictivo que existe entre el Distrito Federal en su totalidad y la delegación Benito Juárez lo muestra la siguiente gráfica:
El papel de las autoridades
Hace 15 o 20 años la inseguridad no era prioridad para las autoridades. En aquellos años, asegura el especialista Mendoza, no se le asignaban suficientes recursos, ni se tenían los controles para responder a la problemática delictiva, sino fue hasta que la vorágine de delitos en los ochenta y principios de los noventa impulsó a las autoridades a responder otorgando más recursos a las instituciones.
En 2007, se destinaron 132 mil millones de pesos a la seguridad del país; en 2008, 156 mil millones de pesos, y en 2009, 200 mil millones de pesos.
"Quiere decir que en tres años la respuesta gubernamental en muchos de los casos ha sido asignarle más recursos sin que en contraparte tengas una respuesta de las instituciones mejorando las condiciones de seguridad, porque la estadística sigue subiendo", enfatizó Carlos Mendoza.
A los gobiernos delegacionales no les compete administrar los recursos que les asignan para resolver la problemática a diferencia de otras entidades. "Esto les resta margen de maniobra para promover programas", precisó el especialista en seguridad pública.
Considerando que en Benito Juárez se comenten alrededor de 13 mil 837 delitos anuales, cuenta con cinco agencias de Ministerio Público y 30 agentes titulares, cada agente debió haber iniciado 461 averiguaciones previas (1.26 por día, incluso fines de semana).
"Tomando en cuenta el procedimiento de la averiguación, el agente apenas cuando va a la mitad de una ya está abriendo otra, lo que significa que existe un exceso de trabajo", dijo Mendoza.
La demarcación no genera delincuentes pero sí es atractiva para éstos, pues, explica Mendoza, la falta de empatía entre las autoridades y la población genera huecos que la delincuencia aprovecha, como en el robo a transeúntes, un delito poco denunciado en Benito Juárez.
Carlos Mendoza afirma que las autoridades tienen que trabajar en conjunto en materia de facultades presupuestales para promover la prevención del delito y la cultura de la legalidad.
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