La delegación Benito Juárez emitió una respuesta a la recomendación de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) sobre la revocación de registros, clausura permanente, demolición y sanciones para cinco obras irregulares ubicadas en la demarcación, en la que acepta promover la mayoría de estas medidas.
Estos inmuebles son los ubicados en Calle 25 número 99, colonia San Pedro de los Pinos; Cerrada de Empresa número 5, Millet 22 y Millet 39, en la colonia Extremadura Insurgentes, y Cerrada de Ixcateopan 254, en Santa Cruz Atoyac.
En el oficio 072/2010, firmado por el delegado Mario Palacios, se plantea que acepta parcialmente la Recomendación 04/2009 y explica sobre cada punto los aspectos en los que difiere.
Al referirse a la recomendación de la PAOT para instruir a la Dirección Jurídica y de Gobierno el inicio de un proceso administrativo con el fin de suspender las construcciones "efectuadas al amparo de constancias apócrifas", demolerlas e imponer medidas de seguridad y sanciones, la delegación consideró procedentes estas medidas pero aclaró que Cerrada de Ixcateopan 254 el interesado desistió de la solicitud de registro de manifestación de construcción, por lo que sobre ese inmueble no considerará que se trata de documentos falsos.
"Esta autoridad es competente para conocer sobre el asunto y considera procedentes las medidas propuestas, en tal virtud refrenda parcialmente la recomendación, tomando en consideración lo siguiente...", se indica en el párrafo que continúa con la precisión sobre las constancias falsas.
Sobre la demolición de los imbuebles irregulares, Mario Palacios aclaró en entrevista para El Universal Del Valle que corresponde a un juez ordenarla y que la postura de la delegación es respetar las leyes.
"Ya los temas de demolición acuérdense que hay un paso legal que va más adelante, esto lo tiene que ordenar un juez. El propio particular tiene derecho a la defensa y, si estamos hablando del Estado de Derecho, tenemos que empezar por respetar las leyes", dijo.
Acerca de los predios irregulares que refiera la procuraduría, aseguró que han sido supervisados y reiteró su responsabilidad de salvaguardar la ley.
"Nos hemos dado a la labor personalmente de irles a supervisar, como lo comenté y lo ratifico en este momento. No va a haber ninguna actividad económica y no quisiera enfocarlo sólo a los construcciones que esté fuera de a ley. Mi obligación es salvaguardar y hacer cumplir las leyes en Benito Juárez, así lo manifesté cuando tomé protesta y así los vamos a seguir haciendo.
"Se entregó ya la propuesta a la Procuraduría Ambiental y, como siempre, vamos a trabajar de la mano con esta instancia".
El líder vecinal y presidente de la organización Vecinos del Parque Hundido, Héctor Rojas, afirmó que con la respuesta de la Benito Juárez a la recomendación de la PAOT el jefe delegacional se diferencia de irregularidades de la gestión anterior.
"Con esta acción Mario Palacios empieza a deslindarse de las irregularidades que caracterizaron la gestión de su antecesor Germán de la Garza por violaciones al uso de suelo", señaló Rojas en un comunicado difundido a través de correo electrónico.
La delegación explicó que en el caso de la revocación de registros de manifestación de construcción ya se inició para Millet 39, pero aún se verifica el perteneciente a Cerrada de Empresa, número 5.
En los predios restantes se llevarán a cabo diligencias a efecto de contar con los elementos probatorios necesarios que permitan iniciar los procedimientos de revocación de registros de construcción.
Puntualizó que se negará cualquier uso y ocupación en estos inmuebles por encontrarse fuera del marco jurídico que los regula.
Además, aseguró la restitución del arbolado causado por los derribos de la edificación levantada en el predio de Millet 39 y se impondrán las medidas de seguridad y sanciones correspondientes a los constructores de las obras de Cerrada de Empresa 5 y Millet 22 por la demolición de inmuebles con valor cultural y artístico.
Sobre la petición de la PAOT de presentar las denuncias correspondientes, la delegación no aceptó interponerlas ante el Ministerio Público (MP) pues éstas deben perseguirse de oficio.
Sin embargo, se comprometió a informar al MP sobre estas irregularidades y a solicitar se recurra a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para pronunciarse respecto a la legitimidad del documento en cuestión.
Palacios reconoció en el documento que estas medidas no sólo son aplicables para los predios mencioandos en la recomendación, sino para todos los inmuebles levantados desde la emisión del Bando 2, ya que representan un alto impacto en la demanda de servicios que proporciona la delegación.
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* Con información de Berenice Balboa
